Entendemos por Ministerio Fiscal al órgano que “tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social” (art. 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal).
Una de las características notorias de cualquier democracia que se precie es la de, junto con una añorada y estricta división de poderes, el imperio de la ley en un Estado de Derecho y la igualdad de todos los ciudadanos ante aquella. A ello debe contribuir la existencia de un Ministerio Fiscal con autonomía propia, imparcial y sometido únicamente a lo establecido en la Constitución y en la ley.
Sin embargo, en España al menos, “todos los Fiscales actúan bajo las órdenes y la supervisión de sus superiores: los Abogados Fiscales y Fiscales están sometidos a los mandatos e instrucciones que pueda impartir el Fiscal Jefe de la AP, AN, TSJ o Fiscal de Sala del TS y dichos Fiscales Jefes están sometidos a las órdenes inmediatas del Fiscal General del Estado, quien además propone al Gobierno sus nombramientos y ascensos, puede decretar la suspensión de un determinado Fiscal o proponer al Gobierno su separación del servicio” (ver Introducción al Derecho Procesal de Vicente Gimeno Sendra, edit. Colex, 5ª edición 2007, pag. 212).
El Fiscal General del Estado (FGE) es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno una vez oído el Consejo General del Poder Judicial. Si el partido político X nombra a Fulanito como FGE está claro que Fulanito siempre estará sumamente agradecido a X por el detalle que ha tenido con él. Imaginemos –aunque con la realidad nos sobra- que X pide a Fulanito que mire “hacia otro lado” en no se que tema comprometido para X. Está claro que, agradecido, Fulanito mirará a donde apunte X. Ésta irregularidad es denunciada por el Fiscal Menganito mediante informe ante la Junta de Fiscales que, como todos ellos también quieren promocionar, miran para “otro lado”. El FGE se entera de la jugarreta de Menganito y toma cartas en el asunto. A los tres días es cesado de su cargo…
Una de las características notorias de cualquier democracia que se precie es la de, junto con una añorada y estricta división de poderes, el imperio de la ley en un Estado de Derecho y la igualdad de todos los ciudadanos ante aquella. A ello debe contribuir la existencia de un Ministerio Fiscal con autonomía propia, imparcial y sometido únicamente a lo establecido en la Constitución y en la ley.
Sin embargo, en España al menos, “todos los Fiscales actúan bajo las órdenes y la supervisión de sus superiores: los Abogados Fiscales y Fiscales están sometidos a los mandatos e instrucciones que pueda impartir el Fiscal Jefe de la AP, AN, TSJ o Fiscal de Sala del TS y dichos Fiscales Jefes están sometidos a las órdenes inmediatas del Fiscal General del Estado, quien además propone al Gobierno sus nombramientos y ascensos, puede decretar la suspensión de un determinado Fiscal o proponer al Gobierno su separación del servicio” (ver Introducción al Derecho Procesal de Vicente Gimeno Sendra, edit. Colex, 5ª edición 2007, pag. 212).
El Fiscal General del Estado (FGE) es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno una vez oído el Consejo General del Poder Judicial. Si el partido político X nombra a Fulanito como FGE está claro que Fulanito siempre estará sumamente agradecido a X por el detalle que ha tenido con él. Imaginemos –aunque con la realidad nos sobra- que X pide a Fulanito que mire “hacia otro lado” en no se que tema comprometido para X. Está claro que, agradecido, Fulanito mirará a donde apunte X. Ésta irregularidad es denunciada por el Fiscal Menganito mediante informe ante la Junta de Fiscales que, como todos ellos también quieren promocionar, miran para “otro lado”. El FGE se entera de la jugarreta de Menganito y toma cartas en el asunto. A los tres días es cesado de su cargo…
A buen entendedor…
No hay comentarios:
Publicar un comentario